Líderes comunitarios se reunieron este martes en la universidad Rice para promover la importancia de implementar cambios en la política inmigrante de Texas.

La conferencia fue coordinada por el Comité Americano de Judíos, AJC, por sus siglas en inglés, y el Instituto de Investigaciones Urbanas Kinder de Rice.  Un grupo de seis panelistas, expertos en diferentes ámbitos, planteó los beneficios que estos cambios aportarían al estado.

Se estableció la necesidad de identificar a los indocumentados por medio de una licencia de conducir.  El panelista Lawrence Kellner, empresario,  presidente de Emerald Creek Group y ex presidente de Continental Airlines, afirmó que el suministrar licencias de conducir a los indocumentados le permitiría al estado registrarlos y así asegurar la colección de sus impuestos.

Además del beneficio fiscal, también se llegó a un consenso sobre el beneficio que esto traería a la seguridad.  Toda persona que solicitara una licencia tendría que pasar por una revisión de antecedentes penales lo que facilitaría el proceso de identificar a inmigrantes peligrosos.

En el ámbito de la salud, el panelista David S. López, presidente de Harris County Hospital District, aseguró que las leyes actuales que no permiten que los indocumentados obtengan seguro médico le cuestan mucho dinero al estado.

Juliet K. Stipeche, miembro de la Mesa Directiva del distrito escolar de Houston, habló sobre el efecto negativo que tienen las presiones legales en los estudiantes indocumentados o de padres indocumentados.  Stipeche informó que en Houston el porcentaje de estudiantes de inglés como segundo idioma o ESL, que abandonan sus estudios es de un alarmante 39%.

El resto del panel fue compuesto por el Dr. Stephen Klineberg, profesor de sociología de Rice, Alberto P. Cárdenas, miembro de la Junta de Comisarios del Condado de Harris, y Joe Rubio, vice presidente de Relaciones Comunitarias  de la Arquidiócesis de Galveston-Houston.

Los líderes comunitarios insistieron a los cerca de 300 asistentes que llamaran y escribieran a sus representantes locales  y les hicieran saber su apoyo a estas medidas.  Su misión es influenciar la legislación estatal para que opte por leyes humanitarias y justas para los inmigrantes indocumentados.

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